Por Alfonso Camerano

Asistimos a la Audiencia Pública convocada por la dirección ejecutiva de Camacol a través de su Presidente, Jorge Segebre Berardinelli.

La mesa directiva tuvo como conductora a la Procuradora General de la Nación, doctora Margarita Cabello Blanco; y a su lado, la Gobernadora del departamento del Atlántico, Dra Elsa Noguera de la Espriella; el Alcalde Distrital de Barranquilla, doctor Jaime Pumarejo Heins; los alcaldes del Área Metropolitana; el señor Comandante de la Policía Nacional, Coronel Sepulveda; un delegado de la Fiscalía General, para escuchar a los dolientes de las invasiones.

Fue común el índice acusador al Santo Sanctorum del  depósito documental de la propiedad privada a cargo de las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos de Barranquilla y Soledad, junto a las de Catastro IGAC, Planeación y la recién creada del distrito de Barranquilla, utilizadas para abrir certificados de tradición paralelos, previa o subsiguiente apertura de fichas catastrales con datos jurídicos postizos.

A ese tránsito documental que hará parte del affaire de la organización criminal de los invasores de tierras anteceden actuaciones judiciales de fraude procesal contando con la aquiescencia de funcionarios judiciales venales, en todos sus niveles, que disponen sustanciar demandas fraudulentas que afectan la posesión y dominio de terceros que sólo se han de enterar del entuerto judicial cuando tienen en la puerta al Inspector de Policía “ligado” para lanzarlo a la calles después de dos y tres generaciones de haber gozado de una tenencia legítima.

Afloró en esa audiencia la fragilidad de la cosa juzgada; en efecto, después de encontrarse consolidados fallos judiciales en todas sus instancias tanto en la jurisdicción ordinaria, en todas sus especialidades civil, penal, constitucional, o contencioso administrativa, o en procesos de policía debidamente finiquitados, reaparecen los “fallos brujos”, violentando lo que se creía consolidado, y ponen en vilo la posesión que se creía afianzada.

Se concentran los reclamos de la ciudad en los municipios del Área Metropolitana de Barranquilla; teniendo como hilo conductor la vida que salen de Soledad en dirección a Barranquilla y que confluyen en la Circunvalar hasta la vía al mar y empalman desde la capital hasta Piojo, con preferencia en las nuevas franjas abiertas por la Circunvalar de la Prosperidad que puso a merced del
mercado de invasores 16 mil hectáreas nuevas, todo un espacio bocatto de cardinale, para el submundo de la invasión de tierras de alta valorización.
 
Y es que dada la alta valorización del metro cuadrado urbano el negocio de la tierra es como el del narcotráfico, al final la plata se que en los bancos, y aquí, tarde o temprano la apropian los grandes urbanizadores, excepto, la presencia en el negocio de los políticos convertidos en urbanizadores piratas, como los que se sostuvieron en el Concejo municipal de Barranquilla, desde finales de los años 50, y se reprodujeron en Soledad, Puerto Colombia, Malambo, Galapa, Tubará, Juan de Acosta, Piojo, con más frecuencia y asiduidad.

Otro factor común a este drama social de la corrupción es la coexistencia de bandas criminales urbanas de la cual hacen parte funcionarios de la “jurisdicción” de policía, un híbrido regido por la Constitución Política y los Códigos Nacionales de Convivencia y Seguridad Ciudadana que, para empezar, no se encuentran en el pensum académico de ninguna facultad de derecho, y que se convierte a los Inspectores de Policía u a los Alcaldes en verdaderos “jueces” que definen en el momento más álgido del dramático conflicto por la tierra a quien le toca el pudín y cómo se ha de repartir, incluyendo a todo los del equipo, que bien puede estar integrado por los “robacaldero” acostumbrados, en su mayoría ex inspectores de policía “veteranos” personeros delegados y en la cabeza, secretarios de gobierno, concejales, alcaldes, senadores, presos o en ejercicio, comandantes de distrito de policía, de estación, y hasta “untan” al departamental o lo “comprometen”.

La banda actual tiene dinero en la base; familiares de jugadores de fútbol profesional, “colocan” el dinero de sus estrellas deportivas en la contratación fe “gatilleros” desempleados del paramilitarismo, la bandola nacida en el barrio La Chinita, el personaje “El Negrito” que debió salir de la invasión del barrio “El Rubí”, sobre la carrera 38 hacia la Circunvalar, ya que se apedilla así, o el “combo de Puerto Colombia”, dirigidos por ex concejales y ex inspectores, que se pavonean en las oficinas de Gobierno y Planeacion; o la de Soledad, que tiene minada la administración y las inspecciones de policía en su integridad, incluyéndo Policía, Jueces y Fiscales, que hacen casi imposible restituir la tierra invadida a sus poseedores ancestrales.

La hilera de invasiones denunciadas abarcó el predio de 35 hectáreas de la familia Camacho Ospina, en inmediaciones del barrio La Central, donde el invasor logró, montó fábrica de bloques, y construyó casa de promoción de ventas; lo tiene el Inspector 6o de Policía, ya venía de otro sancionado, sin que sean garantías de nada; el predio del ingeniero Paez Minervini, invadido por abogados que pasaron de albañiles, con un querellante que dice no conocerlo y sin sus propios abogados ante el mismo Inspector 6o de policía de Soledad, entre esos un ex corregidor de Juan Mina, en Barranquilla, que tuvieron el respaldo de una juez venal, la 5o Civil de menores causas de Soledad, en un fallo que es todo un monumento a ml prevaricato.

Sigue Barranquilla, con dos invasiones, una revestida de legalidad, adaptando un fallo de tutela que no Les ordenó entregar el lote para hacerlo con una emanada de un juzgado de familia, que se convierte en juez civil del circuito, y sin identificar el predio, lo entrega la Inspección de Policía a cargo, al hermano del actual Registrador de Instrumentos Públicos de Barranquilla, a un Notario de Cartagena, a una señora que no se identificó y movía los hilos con los policiales, todo un panorama para hacer un fresco de la corrupción con el escenario de la Circunvalar y la entrada al barrio Las Malvinas.

Sigue la invasión a la empresa Kenworth de la Montaña, frente a la estación de la policía en el cruce de la vía al mar, al lado de Autolitoral, com unos señores Cañas, vencidos múltiples veces en los estrados de la justicia, incluyendo, la fiscalía, pero, detrás, personeros corruptos, y funcionarios de gobierno incapaces y torcidos.

Más adelante, sobre la Circunvalar, el lío de Argos con los que reclaman la finca “La Playa”, al lado de la otra, “Santa Isabel”, que le entregaron a Argos y se deglutió la otra; es tan de escasa credibilidad la gente que rodea  al contradictor, que la gente del sector prefiere tener de vecino a un invasor “decente”, que a los que ya tenían  repartida la finca entre “un combo” que va más allá de los lesionados poseedores tradicionales.

La situación en Puerto Colombia está cómo Soledad en época de la Villas, con la particularidad de ser un mismo personal ligado a los Jefes políticos locales ya que no se explica cómo el exconcejal alias “El
 Will”, y el ex inspector Estella “El Capo”, abarcan casi todos los actos de invasión, a la vista de los alcaldes, de sus secretarios, con licencias de construcción expeditas, llegando a ocupar terrenos que debía reclamar el Bienestar Familiar, o se haya tomado el primero el predio de la familia Garcia D’Andreis exhibiendo “El Will”, títulos de adjudicación del predio privado por parte de  la alcaldía de entonces mediando autorización del Concejo Municipal; así ocurrió a la entrada del municipio, por la vía al mar, y en el sector del Castillo de Salgar; todo un drama en plena zona turística.

En Tubará, Caño Dulce, Puerto Caimán, o Juan de Acosta, ya opera la misma estructura, desde el descarado portador del documento falso, pasando el inspector de turno, el secretario de gobierno, alcalde y asesores, policiales, jueces, fiscales al servicio de este clan, cada día más sólido y con recursos suficientes para imponer su ley en las nuevas 16 mil hectáreas que se abrieron como el Paraíso Terrenal del invasor.

Es la nueva Alianza Público Privada...

¿Y el Estado, dónde está?